Xan 15

Hoy mismo, en una nueva conversación en Twitter, Álex de la Iglesia tuvo la gentileza de responder a las cuestiones que suscité en mi anterior post. A continuación ofrezco un extracto de sus respuestas más relevantes.

Sobre los 3 puntos de su tweet del jueves pasado, Álex de la Iglesia declara:

Después de hacerle llegar mis comentarios a sus respuestas, le dirigí una pregunta muy directa. Esta (falta el verbo “ser”, por esas cosas que pasan al escribir rápido):

Al cabo de unos minutos, obtuve una esperanzadora respuesta:

En ella, Álex de la Iglesia acepta el intercambio de archivos siempre que no exista lucro de por medio o, como él dice literalmente, cuando no se produzca un alojamiento de contenidos no autorizados. Eso sí, matizaba 8 minutos más tarde (parte superior), tal vez al percibir el alcance de sus anteriores palabras (parte inferior):

Podría ser este un punto de encuentro que, aun sin resolver otras varias y complejas cuestiones que en este debate se entrecruzan, generase un clima de diálogo más fértil que el existente actualmente. Diálogo al que, por cierto, también se apunta Álex de la Iglesia, como hizo constar en su tweet de despedida de la cordial conversación que mantuvo conmigo:

Xan 15

La idea de este post surge el pasado jueves, día 13, cuando ya se conocía el pacto entre PSOE y PP para aprobar en el Senado la “Ley Sinde” y después de que Álex de la Iglesia publicase el siguiente tweet, que resume la filosfía de ese acuerdo:

Como podéis imaginar, inmediatamente se empezaron a producir reacciones de apoyo y de crítica a las palabras de Álex de la Iglesia, a quien en cualquier caso hay que agradecer su talante dialogante y el hecho de que evite posiciones insultantes frente a los que no pensamos como él en este asunto. Pues bien, yo fui una de las personas que interpeló a @AlexdelaIglesia (podéis seguir aquí la conversación), aunque no obtuve respuesta a mis principales cuestionamientos, por lo que insistiré en ellos para ver si esta vez tengo más suerte 🙂

No repetiré los argumentos de fondo que otros ya han dejado rotundamente manifestados y que podéis consultar, entre otros lugares, en este post de Enrique Dans. Me limitaré, por lo tanto, a realizar una serie de observaciones prácticas sobre los tres puntos que, con carácter programático, expone Álex de la Iglesia en el tweet que se reproduce al inicio.

1. No al “todo gratis”.

A estas alturas, no debería ser necesario explicar que nada es gratis en Internet. Que se lo digan a las telecos, que hacen negocios multimillonarios gracias a la web; o a compañías como Google o Facebook, a quienes los internautas pagamos el precio de nuestra privacidad, que ellos después monetizan con pingües beneficios.

Pero dejando al margen esas disquisiciones, vamos a lo práctico. ¿Quién puede prohibirme que, tras comprar un producto cultural de manera legal, decida compartirlo con otras personas? Esa filosofía, aplicada coherentemente, llevaría a ilegalizar actividades como: el préstamo de libros o películas entre particulares; el acceso gratuito a bibliotecas, museos o galerías; el bookcrossing; y tantas y tantas otras. Resulta que lo que es válido en el mundo físico no debe serlo en el digital. Pues por favor, que alguien me explique por qué y en aplicación de qué principios jurídicos.

Dos preguntas adicionales para los promotores y defensores de la (mal) llamada Ley Sinde. ¿Entienden que el préstamo de e-books en comunidades virtuales debe ser considerado ilegal? ¿Se dan cuenta de que el poder coercitivo de una legislación estatal es muy limitado en el caso de internet, a menos que se haga recaer la punición no sobre los proveedores -que pueden migrar en cuestión de horas a otro territorio con otra legislación- sino sobre los ciudadanos?

2. No hay descarga ilegal si no hay oferta legal.

En plata: en ausencia de oferta en el mercado, que cada quien haga lo que le plazca, ya que al no haber parné de por medio, a nadie le importa. Curiosa y restrictiva concepción de los derechos de autor, que reduce su extensión al ámbito puramente mercantil. En fin…

Lo preocupante -y me temo que es eso lo que pretende el sindecato– es la inversión del argumento, a saber: existiendo oferta de un producto cultural por parte del detentor de los derechos autorales y de distribución, cualquier otra forma de distribución será considerada ilegal. Esto supondría un atentado en toda regla contra la innovación de las fórmulas de negocio, intentando perpetuar esquemas obsoletos mediante medidas represivas destinadas primeramente a amedrentar, y, enseguida, a fracasar. Es lo que tiene intentar ponerle puertas al mar.

3. Retirará el juez las páginas que se lucran con material no autorizado.

Un paso adelante, dos pasos atrás: por un lado, PSOE y PP asumen -y con ellos, el sindecato– que debe ser la autoridad judicial la que decrete la legalidad o no de una determinada conducta, superando así las aterradoras ambigüedades del proyecto original; por otro, se insiste en eludir el problema de la obsolescencia tecnológica y social de las formas de distribución propuestas como modelo de legalidad y en criminalizar a los intermediarios alternativos aludiendo a la ilegitimidad de su lucro.

Me detendré en este último aspecto. Para empezar, negando la mayor: nadie se lucra con el trabajo ajeno, a no ser -en este caso- las empresas culturales, que hablan de armonizar la legislación a la de otros países europeos pero se niegan a armonizar los precios de venta al público, que se quedan con la parte del león de la facturación, que reparten un porcentaje ínfimo con los creadores y que los utilizan públicamente en su beneficio mientras tras las bambalinas manejan el negocio y los pactos políticos. Una web de torrents, por poner un ejemplo, se lucra con la publicidad que atrae y/o con las cuotas que pagan sus usuarios y/o con las donaciones que recibe, pero no con los torrents. Por lo tanto, la cuestión no está en si hay lucro o no, sino en si es legal el servicio que ofrecen: en caso de respuesta negativa sobre esto último, deberían ilegalizarse también las webs de agregación de noticias que tengan ingresos publicitarios, las empresas de clipping, multitud de revistas especializadas y varios otros servicios a los que dudo mucho que una sociedad avanzada esté dispuesta a renunciar.

Pero yendo más allá, eliminemos el factor lucro. Imaginemos: (a) una web de enlaces a fuentes de descarga sin publicidad, cuotas de acceso ni fuente alguna de ingresos; (b) un programa P2P que integra un buscador de fuentes que, para mayores garantías, remite a una base de datos no accesible públicamente -en el estrecho concepto de web que maneja esta gente- o que está alojada en un servidor cuya legislación territorial no prohíbe tales prácticas. En cualquiera de estos dos supuestos, ¿estarían las empresas culturales dispuestas a reconocer la legalidad de tales formas de distribución? ¿O aludirían al concepto, convenientemente deformado de acuerdo a sus intereses, de lucro cesante para invalidarlas?

Conclusiones

  1. Son necesarias nuevas formas de negocio que estén a la altura de los tiempos. Esto vale para todos los sectores económicos, y el de la cultura no puede quedarse al margen. La excepción cultural frente a la uniformización es una cosa; frente al progreso, otra muy diferente.
  2. Es deseable que los intereses de los creadores estén en el centro de esas nuevas fórmulas. Esto pasa por fortalecer la vinculación entre creador y comunidad de recepción, que es lo contrario de defender el papel de intermediación de las grandes corporaciones del entertainment.
  3. Quien se llama creador no puede defender el statu quo, pretendiendo ignorar que muchos colegas explotan nuevos caminos. La inquietud y la innovación son propulsoras de la creación, no sus enemigas; quien renuncia a ellas, no merece ser considerado un creador.
  4. La política del miedo nace de la ignorancia y de ella solo se puede esperar que produzca más miedo, además de nuevas formas de revueltas. El divorcio con la sociedad no parece la mejor opción para quien pretende representarla a través de las artes.
  5. Hoy mismo hemos sabido que el Tribunal Europeo considera ilegal el canon digital. ¿Habrá que recurrir la Ley Sinde ante organismos internacionales para que se reconozcan los errores en los que se basa y las vulneraciones de derechos que perpetra?
  6. Urge que todos asumamos que el hecho de que cultura y censura rimen no pasa de un accidente. La Ley Sinde se basa en esa rima; otros preferimos el versolibrismo.

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P.S. Hace bastante tiempo que no descargo de internet más que aquello que disponibilizan libremente los respectivos autores. También hace mucho que no voy a la playa, y no por ello estoy dispuesto a renunciar a mi derecho de tomar un baño de mar cuando me plazca.